Los acontecimientos que desencadenaron la guerra civil de 1810 en la Nueva España fueron el resultado del debilitamiento de la Corona española a causa de su decadencia y de las guerras contra los ingleses por el control del Mediterráneo, de América y de las Filipinas, además de los enormes conflictos y divisiones que ocasionaron las campañas de Napoleón Bonaparte. La extracción de recursos que hacía España de sus territorios ultramarinos, sin importar lo inusitado del medio para lograrlo, había convertido a la Nueva España en el virreinato más castigado. De los préstamos y donativos voluntarios se pasó a los forzosos, y a partir de 1804, por la Real Cédula de Consolidación de Vales se ordenó recoger los caudales provenientes de las rentas de la Iglesia, para lo cual tuvieron que venderse o incautarse muchas propiedades rurales y urbanas en las que se fincaban los adeudos. En la Ciudad de México se enajenaron los depósitos en efectivo de la Catedral, de las parroquias, conventos, colegios, hospitales, instituciones de beneficencia, cofradías y archicofradías, comunidades indígenas, así como los de algunos particulares. La gravedad de la medida no era solo lo inusual: la mayor parte de los mencionados fondos se habían prestado por tiempo indefinido a mineros, hacendados y rancheros, quienes debieron vender parte de sus propiedades para cubrir la deuda contraída.